No hay elección posible entre promover la inclusión financiera y estimular la economía. La inclusión está jugando un papel fundamental en la respuesta económica de América Latina y el Caribe (ALC) a la crisis por el COVID-19 y será esencial para su recuperación económica.

Esta es una de las principales conclusiones del Microscopio Global 2020  presentado en noviembre, y al que se puede acceder de manera gratuita en este enlace.

El Microscopio Global 2020 es un índice realizado por The Economist Intelligence Unit con el apoyo de BID Invest, BID Lab, el Centro para la Inclusión Financiera (CFI) y la Fundación Bill y Melinda Gates, que evalúa anualmente el entorno para la inclusión financiera en 55 países emergentes a través de cinco categorías, veinte indicadores y 71 subindicadores.

Se trata de una herramienta de referencia internacional creada en el año 2007 que fue completamente rediseñada en 2018 para incluir los cambios en el campo de la inclusión financiera tras la aparición de los servicios financieros digitales. Sin embargo, este año buena parte de los esfuerzos realizados por reguladores y gestores para controlar la crisis por la COVID-19 no se reflejaron en las leyes y las regulaciones adoptadas, por lo que fue necesario realizar entrevistas adicionales con expertos y analizar fuentes secundarias para entender cómo las instituciones financieras estaban respondiendo a la crisis.

La conclusión principal de estos esfuerzos es que la inclusión financiera es y será clave para la respuesta y recuperación económicas de ALC. De los 21 países de esta región incluidos en el Microscopio, 19 realizaron transferencias económicas de emergencia para apoyar a sectores vulnerables de población durante los cierres y confinamientos. De ésos, 11 países distribuyeron esos fondos a través de, principalmente, cuentas financieras y billeteras digitales. Las transferencias digitales permitieron asegurar que la asistencia social alcanzara a sus destinatarios de manera rápida y segura.

Las infraestructuras digitales han permitido a los gobiernos identificar, registrar y movilizar fondos en una escala y a una velocidad sin precedentes. El ejemplo más destacado lo podemos encontrar en Brasil, donde desde abril de 2020 la ayuda del gobierno a los trabajadores independientes, microempresarios y desempleados alcanzó a 67 millones de personas, prácticamente un tercio de la población del país.

Para la distribución de esa ingente cantidad de fondos, un banco público abrió cuentas digitales de ahorro para aquellos que no estaban bancarizados de manera que pudieran acceder a los beneficios, creando 25 millones de nuevas cuentas financieras en apenas dos semanas. Otros países de ALC pusieron asimismo en marcha programas de transferencias económicas destinadas a trabajadores del sector informal que llegaron al 75% de estos trabajadores en El Salvador, al 38% en Chile o al 21% en Colombia.

Estas transferencias masivas de dinero han sido posibles gracias a tres aspectos fundamentales:

• Sistemas de identificación integrados: en Brasil, por ejemplo, el Cadastro Unico o Registro Único para la Protección Social, un sistema de datos integrados para los beneficiarios del programa de transferencias económicas Bolsa de Familia, permitió que el gobierno identificara rápidamente a los más vulnerables. En Guatemala y El Salvador, por su parte, las autoridades identificaron a los potenciales receptores de ayuda utilizando las facturas de suministros públicos que presentaban los niveles más bajos de consumo. Colombia, en cambio, empleó la base de datos de los impuestos para identificar a los trabajadores vulnerables.
• Cuentas financieras: los sistemas de identificación que están ligados a cuentas financieras pueden facilitar la verificación de los datos así como la entrega de los fondos a sus destinatarios. En Chile, por ejemplo, las ayudas del programa Bono COVID se depositaron automáticamente en las cuentas de los beneficiarios vinculadas a su número de identificación nacional.
• Teléfonos móviles, que han resultado cruciales para facilitar los procesos de registro y la transferencia de ayudas económicas durante la pandemia. En Colombia, el programa Ingreso Solidario para familias que no eran anteriormente beneficiarias de programas de transferencias económicas de protección social, alcanzó los 2,6 millones de hogares y consiguió la apertura de un millón de nuevas carteras digitales y cuentas de pago de servicios por teléfono móvil para distribuir los fondos. Los destinatarios recibían un SMS notificando la recepción de los fondos.

Estos tres recursos digitales pueden ir más allá de la simple transferencia de ayudas económicas y allanar el acceso a la economía digital, que puede ser crucial para la recuperación económica. En Brasil, por solo citar un ejemplo, el Banco Central constató que los beneficiarios de ayudas han usado una media del 40% de los fondos para realizar pagos digitales de servicios, a negocios o para compras por internet, lo que demuestra un aumento notable de las finanzas digitales entre una población que antes no estaba bancarizada.

La edición de este año del Microscopio Global permite extraer una conclusión clara: las inversiones en infraestructura digital dan fruto. Los países de América Latina y el Caribe deben seguir equipando a sus ciudadanos con los instrumentos necesarios para ser parte de la economía digital y deben construir canales que garanticen que los fondos para emergencias llegan a quienes más los necesitan cuando la ocasión lo requiera.