Mundo BID: Estrategia fiscal para la región, el costo del crimen y las exportaciones
Una estrategia fiscal post COVID-19 para América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe (ALC) ya no crecía, incluso antes de la crisis provocada por el COVID-19. Para colmo de males, el PIB cayó 7,4% en 2020, y las finanzas públicas de la región se vieron muy afectadas. Tras una disminución del 25% en la recaudación fiscal (y una recuperación parcial), y tras un aumento en el gasto público de cerca del 3,5% del PIB dedicado a políticas de salud y preservación para sacar a flote a hogares, trabajos y empresas, el déficit fiscal promedio aumentó cerca del 9% del PIB en 2020, muy por encima de los niveles anteriores a la crisis del 3%. Proyecciones del BID sugieren que la deuda promedio podría ascender a casi el 80% del PIB a finales de 2022, un incremento aterrador en comparación con su promedio anterior a la crisis de 58%.
La sostenibilidad fiscal está claramente en juego y se necesita con urgencia una reforma fiscal que incluya cambios significativos en las políticas tributarias y de gasto público. Estas son esenciales para revertir el deterioro fiscal, promover el crecimiento, mejorar la equidad y prevenir la próxima crisis fiscal. ¿Cómo emprenderá la región estas reformas? ¿Cuál es la probabilidad de que este grave deterioro se revierta? ¿Y cuáles son las herramientas adecuadas para lograr dicho objetivo?
A medida que se recupera la actividad, es probable que se recupere también la recaudación fiscal. Sin embargo, los gobiernos no necesariamente volverán a los niveles de gasto anteriores. A modo de comparación, se puede pensar en el comportamiento del gasto público en la región en respuesta a la Gran Recesión de 2008-2009 y los años posteriores. Políticas supuestamente anticíclicas terminaron con grandes aumentos en el gasto público, entre los que se encuentran, principalmente, los salarios y las transferencias, que resultaron bastante difíciles o incluso imposibles de revertir. De hecho, esos dos componentes representaron en promedio casi dos tercios de la expansión, y fueron el germen de los desequilibrios fiscales que persisten hoy.
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El costo del crimen para las micro y pequeñas empresas en El Salvador
Los costos socioeconómicos del crimen y la violencia en El Salvador han sido objeto de estudio desde la década de los noventa. En los últimos años, estimaciones del costo monetario impuesto por el crimen y la violencia sugieren un impacto significativo entre 1/6 y 1/5 de la producción del país. Sin embargo, los efectos a nivel del tejido empresarial no han sido explorados a profundidad, y por ende hay preguntas importantes que permanecen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo afecta el crimen a las micro y pequeñas empresas?, ¿es esta una limitación importante para el crecimiento de estas empresas? Estas son algunas de las interrogantes que exploramos a continuación.
La alta tasa de delincuencia en El Salvador (254 delitos por cada 100.000 habitantes en 2020, que incluye robos, extorsiones y otros crímenes) no solo causa una perturbación a la actividad económica, sino que el deterioro en el clima de negocios también afecta los planes de inversión, crecimiento, desarrollo empresarial. Los robos a mano armada y las extorsiones son comunes, y constituyen las principales fuentes de ingresos de las pandillas.
En la coyuntura actual, el impacto de la pandemia, expresado principalmente en las medidas de confinamiento implementadas, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar temporalmente sus operaciones, por lo que se esperaba que la actividad delictiva dirigida hacia ellas disminuyera. Los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan que durante los meses de marzo a junio de 2020 las extorsiones, robos y hurtos disminuyeron en 55% en comparación con el mismo periodo en 2019 y en 49% en contraste con el 2018. Según la Fiscalía General de la República (FGR), durante la emergencia, la extorsión continuó, aunque un menor número de víctimas presentaron sus denuncias debido a las restricciones a la movilidad. A partir de julio, se observa que estos crímenes empiezan a retornar a niveles similares a los que se tenían en años previos. Desde principios del 2019, el único tipo de delito que ha mostrado una fuerte disminución son los homicidios, que ya se habían reducido a la mitad entre 2015 y 2018.
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¿Por qué América Latina debe apostar a las exportaciones para salir de la crisis?
A mediados del año pasado, en plena primera ola de contagios por la COVID-19, desde el BID se argumentó que el impacto económico de la pandemia en América Latina y el Caribe fue particularmente devastador porque implicó la parálisis brusca y simultánea de tres flujos fundamentales para el desarrollo: los de las finanzas, de las personas y de las mercancías. Es lo que los economistas llaman una triple parada repentina o sudden-stop.
¿Con qué señales empieza el 2021 en estos tres planos? En este blog destaco que, aunque en cada uno de ellos hay a la vez motivos de optimismo y de cautela, la región no se puede dar el lujo de apostar a una salida de la crisis que no ponga el desarrollo exportador al centro de la estrategia.
En el ámbito financiero, se detectan indicios de que a nivel mundial las restricciones se estarían suavizando. Según el análisis del Financial Times utilizando datos del Institute of International Finance, en las primeras semanas del año los inversores en búsqueda de altos retornos estarían volviendo rápidamente a los mercados de las economías emergentes, a raíz de las masivas inyecciones de liquidez de los bancos centrales. Sin embargo, crecientes riesgos inflacionarios en las economías avanzadas, la posibilidad de la normalización de sus políticas monetarias y de una sobre reacción de los mercados invitan a la cautela. Además, cabe preguntarse en qué medida América Latina se beneficiará de la apuesta hacia las economías emergentes y de cómo los inversores evaluarán los riesgos macroeconómicos de la región en los próximos meses.
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