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Cómo responder al estrés hídrico con Asociaciones Público-Privadas de desalación

La industria de desalación es una excelente alternativa para responder a la escasez de agua de la región. Para sacar el máximo partido de ella, la participación privada y la adecuada preparación y estructuración de buenos proyectos que respondan a las necesidades sociales son claves.

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Si América Latina y el Caribe (ALC) desea lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, necesitará invertir más de US$370.000 millones solo en el sector de agua y saneamiento.

En un contexto macroeconómico y fiscal realmente complejo, donde la deuda gubernamental total de ALC pasó de US$3 billones en 2008, a casi duplicarse en la actualidad (US$5.8 billones, equivalente al 117% del PIB), es difícil esperar un aumento significativo de la inversión pública tradicional por parte de los gobiernos. Dado este panorama, urge buscar soluciones que incentiven la participación del sector privado, así como potenciar el rol de los Gobiernos y el apoyo de Instituciones Multilaterales de Desarrollo para promover que estas inversiones sean eficientes, sostenibles, innovadoras, fiscalmente responsables, y estén siempre dirigidas a proyectos que respondan de forma directa y óptima al interés público, y de manera ulterior a los objetivos de desarrollo, crecimiento, e igualdad.

A muchos les puede llamar la atención la necesidad de invertir en desaladoras cuando ALC es la región del mundo más rica en agua, con un 32% de los recursos hídricos renovables mundiales. Sin embargo, la desigualdad es aquí latente como en otros campos: un 35% de la población de la región vive en zonas con estrés hídrico entre medio-alto y extremadamente alto, y un 60% sufre de riesgo hídrico, definido como incapacidad institucional de preservar la provisión de servicios de calidad.

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Esto se debe en parte a que uno de cada tres habitantes de ALC vive en zonas costeras. Como recogen nuestros colegas de la División de Agua y Saneamiento del BID, con el crecimiento previsto de la población, se disparará el consumo de agua doméstica, agrícola, e industrial, un problema que deberá ser resuelto necesariamente con tres ejes de actuación: aumentar la inversión, llevar a cabo una gestión integral de los recursos hídricos e implementar políticas públicas para la promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP) ..

En el primer Taller de Concesiones en plantas desaladoras: experiencia internacional, retos y oportunidades para un desarrollo eficiente, innovador y sostenible, que organizamos en Chile el mes pasado, en coordinación con la Dirección General de Concesiones del Ministerio Público de Obras de Chile y nuestros colegas del Grupo BID, conocimos el potencial que existe en nuestra región el desarrollo de APP en el sector de la desalación, y la enorme contribución que este sector puede tener a la hora de hacer frente al impacto del cambio climático y a la grave situación de estrés hídrico que sufre la región.

Expertos internacionales de España, Japón e Israel presentaron sus experiencias (gracias a la participación de AEDyR, Sacyr, Almar Water Solutions, Mekorot, Mitsui, IDE Water Technologies, y la Israeli Desalination Society), donde también se exploraron experiencias de la región en la estructuración de concesiones en Perú (Proinversión y Sedapal), Brasil (Unidade de PPP da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, y la Companhia de Água e Esgoto do Ceará) y Chile.

Los megaproyectos de plantas de desalación multipropósito, tanto para uso municipal, industrial como agrícola, se encuentran actualmente en auge – particularmente en la Región del Golfo, Oriente Medio, y Norte de África –, mediante la implementación de esquemas de concesión o APP tradicionales, como nos contaban desde Almar Water Solutions.

Desde AEDyR y Sacyr se pudo dejar en evidencia cómo los tradicionales retos de la desalación han ido siendo resueltos mediante el progreso tecnológico sostenible: 1) el consumo de energía, donde la innovación ha permitido reducir el consumo a una quinta parte desde 1970 hasta la actualidad; 2) el coste del agua, donde el precio actual del agua desalada está por debajo de un dólar por m3, en comparación con el agua embotellada que, como mínimo, es quinientas veces más cara.

La evolución del sector convierte a la desalación en una alternativa competitiva en entornos donde antes no lo era, y a las modalidades de concesión como formas de garantizar un desarrollo, operación y provisión de servicios de calidad. Pero es vital siempre recordar que el único coste inasumible, es no tener acceso al agua. Y es ahí en donde la discusión debe centrarse, en la búsqueda de aquella alternativa que provee acceso al agua de la forma más eficiente y sostenible.

Por supuesto, quedan retos por abordar, y sin duda el nexo agua-energía y la implementación conjunta de fuentes renovables como ya hacen otras regiones debe ser parte de la ecuación. Fue por ello interesante conocer el caso de la Southern Seawater Desalination Plant en Australia, con esquemas que garantizan un uso de fuentes sostenibles y máximos estándares de sostenibilidad ambiental y social.

El éxito en el desarrollo de un proyecto de desalación y la provisión de servicios de calidad a los habitantes depende fuertemente de cuán correctamente se han planificado, preparado, y estructurado dichos proyectos. Las APP adecuadamente implementadas tienen la capacidad de responder a los retos de desarrollo presentados si siguen rigurosos procesos que garanticen una adecuada planificación y priorización; ello incluye análisis técnicos, sociales, ambientales, económico-financieros, legales y fiscales, y de reparto de riesgos eficiente necesarios para garantizar contratos atractivos para el sector privado - como expusieron los colegas japoneses de Mitsui – y que al mismo tiempo reflejen y defiendan el interés público.

Desde la Ventanilla Única de APP del BID seguiremos trabajando para generar el conocimiento y evidencia necesaria para fortalecer la capacidad de los países para desarrollar buenos proyectos – con espacios como este taller que aquí tienen disponible – apoyándolos tanto en el fortalecimiento de sus marcos regulatorios, institucionales y de preparación de proyectos, así como en la estructuración de APP eficientes y sostenibles, donde el sector de agua y saneamiento es una prioridad. La desalación una excelente oportunidad para seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de ALC.

 

Escrito por

Gastón Astesiano

Gastón Astesiano es Jefe de la Ventanilla Única de Asociaciones Público-Privadas (APP) en la Vicepresidencia de Países del BID. Ingresó al Banco en 2002 como parte del Programa de Jóvenes Profesionales, en la División de Infraestructura del Cono Sur. En el 2007 se incorporó a la División de Energía, donde se encargó del desarrollo de proyectos de energía. En 2011, fue nombrado Asesor Operativo del Departamento de Infraestructura teniendo a su cargo el control de calidad de las operaciones, la gestión de la cartera del departamento y se desempeñó como Coordinador de Asociaciones Público-Privadas (APP). En Septiembre de 2014 fue designado Asesor Senior de la Vicepresidencia de Países, donde lideró el equipo operativo el diseño e implementación de reformas corporativas como: Las Nuevas Guías para la elaboración de las Estrategias de País del Grupo BID, La Regulación para la Incorporación de Parámetros de Adecuación de Capital in la Planificación Financiera: Programación con Garantía Soberana Límites por País y la Fusión de los activos (U$5MM) del Fondo de Operaciones Especiales (FOE) al Capital del BID. Desde Agosto de 2017 lidera el Equipo PPP del BID, creado para coordinar la asistencia técnica del Grupo BID en materia de APP. Gastón Astesiano es Abogado de la Universidad Católica Argentina, Master en Derecho (LLM) y Master Política Económica (MPA) de la Universidad de Columbia.

Ancor Suárez-Alemán

Economista, PhD, BA, con más de 15 años de experiencia laboral en el campo de la economía y política de infraestructura. Especialista Senior en Asociaciones Público-Privadas (APP) en la Vicepresidencia de Países del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente lidera el apoyo del sector público en la fase inicial de las APP de infraestructura en el BID, asesorando a 26 gobiernos de América Latina y el Caribe en aspectos de la fase inicial (marco regulatorio e institucional de las APP, planificación y priorización de infraestructuras, coordinación entre la Gestión de Inversiones Públicas y las Unidades de APP, capacitación); fase de operaciones (preparación y estructuración de proyectos de infraestructura, con énfasis en transacciones portuarias); y desarrollo y difusión del conocimiento en APP de infraestructura. Además, es el gestor de la Red Regional de América Latina y el Caribe sobre Análisis y Mejores Prácticas en APP. Gestor de Proyectos del BID para el desarrollo de Infrascope - análisis del entorno habilitador para APP eficientes y sostenibles en infraestructura social y económica en América Latina y el Caribe (energía, telecomunicaciones, transporte, infraestructura social, agua y saneamiento), una iniciativa conjunta del BID y The Economist Impact. Anteriormente, trabajó en el Departamento de Infraestructura y Energía del BID desarrollando y coordinando productos estratégicos de conocimiento en infraestructura relacionados con inversión, financiamiento, gobernanza, regulación y desempeño, entre otras áreas. Antes de eso, trabajó en el Banco Mundial en la práctica de transporte, donde desarrolló resultados de conocimiento en transporte como el primer informe de competitividad portuaria para la región de Asia Meridional. Ha asesorado a sectores público y privado en Europa, Asia Meridional, América Latina y el Caribe. Antes de su carrera en Washington D.C. (EE.UU.), contribuyó a varios proyectos de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología sobre modelos de negocio para mejorar la financiación y habilitar el financiamiento de proyectos de infraestructura, así como proyectos de inversión en infraestructura nacionales y regionales. Completó su PhD enfocándose en la Competitividad Portuaria y la Política Europea de Transporte Marítimo. Ha sido autor y coordinador de estudios generales y sectoriales, y ha publicado más de 100 trabajos sobre economía, política, inversión y financiamiento de infraestructura, y APP en diversas revistas y otras publicaciones especializadas.

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