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¿Puede una empresa de servicios públicos aumentar la inclusión financiera?

Habitualmente, en un banco de desarrollo como la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la historia de un proyecto innovador comienza con una pregunta que ata los negocios con el desarrollo económico. Por ejemplo, ¿cómo podemos promover de manera sostenible la inclusión financiera en los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad?

La inclusión financiera es un tema amplio que, en las últimas décadas, se ha centrado especialmente en los microcréditos. Si bien estos pequeños préstamos inspiraron mucho entusiasmo cuando surgieron en los ochenta, más recientemente también han sido objeto de críticas: se argumenta que aumentan el nivel de deuda, empeoran el bienestar y no tienen los efectos positivos esperados en otros factores socioeconómicos.

Más allá de los microcréditos

Las personas más vulnerables de la sociedad, sin duda, tienen necesidades más urgentes que crear, manejar y ampliar pequeños negocios – los objetivos típicos de los microcréditos. Necesitan garantizar su comida diaria, atender enfermedades, comprar productos básicos y hacer mejoras en su hogar. Ante la ausencia de colateral e historial crediticio o la imposibilidad de demostrar ingresos constantes, muchos de ellos se ven excluidos del sistema financiero y sin recursos para atender las necesidades más básicas como la compra de un refrigerador.

En Colombia, por ejemplo, apenas el 28,9% de la población adulta cuenta con un crédito de consumo vigente, 32,9% con una tarjeta de crédito y 12,4% con un microcrédito. Además, las tasas de interés de los créditos para electrodomésticos en los mercados de bajos ingresos pueden llegar al 60% por año. No sorprende, entonces, que poco menos de tres de cada cinco hogares colombianos tengan lavadora, frente a más de cuatro hogares en Estados Unidos.

Diversos estudios han encontrado que adquirir electrodomésticos es importante para el desarrollo: disminuyen la carga de actividades en el hogar para las mujeres, incentivan la participación laboral femenina y aumentan los ingresos de los hogares.

Innovación: una tarjeta de crédito diferente

Frente a esta realidad, la compañía medellinense de servicios públicos, Empresas Públicas de Medellín (EPM), creó un programa de financiamiento social que otorga créditos rotativos a sus clientes en forma de tarjetas de crédito.

Con el apoyo de un préstamo de US$10 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la compañía atiende poblaciones de bajos ingresos usando la información histórica de sus pagos de servicios públicos. Para evaluar a los solicitantes de la tarjeta, EPM utiliza un modelo de calificación propio (scoring), obviando así la necesidad de exigir colateral, historial crediticio o verificar ingresos.

El programa se lanzó en 2008 con tres objetivos principales: mejorar el acceso a servicios de crédito más económicos; aumentar la calidad de vida mediante mejoras de vivienda y compra de electrodomésticos; y reducir el consumo de energía al sustituir aparatos anticuados.

Más de 200.000 tarjetas entregadas

A la fecha, EPM se encuentra cerca de repagar el financiamiento gestionado por la CII, el brazo privado del BID. Desde su aprobación, cerca de 204.000 personas recibieron una tarjeta EPM, con un 85% de uso promedio del cupo. Si bien son cifras impactantes, hay una pregunta central que no podemos dejar de responder: ¿El programa tuvo el impacto esperado?

Para responder esta pregunta, es necesario analizar si además de lograr resultados financieros, el producto de EPM contribuyó al desarrollo, a transformar realidades, a mejorar vidas. Es decir, evaluar si la tarjeta de crédito no bancaria es una herramienta efectiva de financiamiento y desarrollo económico.

La dificultad de evaluar

Responder si un proyecto tuvo el impacto esperado no resulta tan sencillo como preguntarse si un proyecto entregó los productos esperados. Los productos se pueden observar, medir y atribuir más fácilmente a la ejecución del proyecto, mientras que los resultados y los impactos no.

Por ejemplo, podemos atribuirle al programa de financiamiento social de EPM el aumento del número de tarjetas de crédito asociadas. Pero si un cliente de la compañía compra más electrodomésticos o aumenta su capacidad de ahorro, no podemos decir con total seguridad que haya sido por la tarjeta EPM.

Para atribuir los resultados o los impactos observados a un proyecto se necesita saber qué hubiese sucedido en ausencia del mismo, es decir, conocer la situación contrafactual, que es imposible de observar.

Estimando los impactos de la tarjeta EPM

Para estimar el impacto de la tarjeta EPM, realizamos un estudio donde comparamos el grupo de solicitantes aprobados que decidieron aceptar la tarjeta (grupo de tratamiento), con el grupo de solicitantes aprobados que no tomaron la tarjeta (grupo de control – nuestra aproximación al contrafactual). Para eliminar cualquier diferencia entre los dos grupos que pudiera distorsionar la evaluación, se utilizaron diversos métodos econométricos de emparejamiento, reponderación y efectos fijos.

Encontramos que los beneficiarios de la tarjeta EPM, en comparación con el grupo de control, con mayor probabilidad:

  • Realizaron mejoras claves en su hogar, como la terminación de pisos, construcción de cocinas y baños.
  • Adquirieron electrodomésticos y otros productos de alto costo, como lavadoras.
  • Tomaron menos dinero prestado de familiares, e incrementaron sus gastos y pagos con tarjetas de crédito bancarias y no bancarias.
  • Mejoraron su capacidad de ahorro.

La tarjeta, por tanto, tuvo impacto en el desarrollo.

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Escrito por

Lucas Figal Garone

Lucas Figal Garone es Economista Líder de Impacto en el Desarrollo para América Latina y el Caribe en BID Invest, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tiene más de 15 años de experiencia liderando el diseño, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo del sector público y privado con el objetivo de maximizar su impacto. También, lidera análisis económicos, estudios, evaluaciones de impacto y testeos de soluciones innovadoras para la generación y difusión de conocimientos vinculados a la experiencia operativa de BID Invest, sus clientes y el sector público-privado de la región.

Previamente, ha trabajado en las Divisiones de Competitividad, Tecnología e Innovación, y de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo del BID en Washington DC. Lucas es también Profesor Visitante del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Coordinador de la iniciativa de desarrollo productivo SIDPA.

Sus áreas de experiencia e interés son desarrollo económico, desarrollo productivo, evaluación de políticas, inversiones y proyectos de desarrollo, y economía aplicada. Su investigación reciente incluye publicaciones en World Development, Regional Science and Urban Economics, Research Policy, The Journal of Development Studies, Small Business Economics, Research in Economics, Journal of Development Effectiveness, Emerging Markets Finance and Trade, IDB WP Series, IDB Invest Development through the Private Sector Series, y capítulos en varios libros.

Es PhD en Economía de UdeSA, donde obtuvo su Maestría en Economía, tras obtener su Licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
 

Liliana Olarte Rodríguez

Liliana Olarte es Oficial de la División de Efectividad en el Desarrollo de BID Invest. Actualmente trabaja en conjunto con los clientes de la organización realizando testeos experimentales de soluciones innovadoras y evaluaciones de impacto rigurosas de proyectos aprobados. Adicionalmente, apoya el diseño de proyectos para maximizar su impacto en el desarrollo, brindando apoyo técnico en su conceptualización y mediante el diseño de análisis costo-beneficio y planes de monitoreo y evaluación. Antes de incorporarse a la organización, Liliana se desempeñó como consultora del Banco Mundial en Yakarta (Indonesia), de la División de Integración y Comercio del BID en Washington, y como investigadora de Fedesarrollo y de la Universidad de Los Andes en Bogotá (Colombia). Liliana es Economista e Ingeniera Industrial de la Universidad de Los Andes y tiene una maestría en Administración Pública y Desarrollo Económico de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos.

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